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Mientras
el gobierno no sabe cómo tapar el agujero, el problema de la tierra
hace agua por todos lados. La toma o recuperaciones de tierras por parte
de grupos pertenecientes a comunidades originarias pone de manifiesto
un problema que trasciende a las cuestiones étnicas. LA TIERRA ESTA EN
POCAS MANOS Y EL PUEBLO NO TIENE ACCESO A ELLA.
En este contexto,
cualquier acción que desnude el problema atenta contra el sistema. Es
dentro de este contexto que el Estado unifica su posicionamiento entre
los tres poderes, y reacciona con los tapones de punta contra las
ocupaciones de los pueblos originarios. Lo importante acá no es el
pedazo de tierra, lo que importa es evitar la instalación de un
antecedente que ponga en tela de juicio el reparto de la tierra, tanto
de la fiscal, como de la privada flojita de papeles. Ante esto, el
Estado convirtiéndose en vocero y defensor de las grandes corporaciones y
apañado por la complicidad de los partidos tradicionales, esgrime una
serie de estrategias que van desde la criminalización de la protesta, la
aplicación de la ley antiterrorista, el apriete, la permanente
violación de los derechos, etc. A esto hay que sumarle lo que hoy ha
tomado estado público, la utilización por parte del Ministerio Público
de sistemas de inteligencia interna, que ha generado el espionaje de
distintas figuras enroladas en posicionamientos que, ya sea mediante el
apoyo explícito alas comunidades aborígenes o el cuestionamiento
público, ponen en tela de juicio las políticas oficiales de acceso a la
tierra. Es más, no conforme con esto, ha quedado descubierto que su
trabajo de caza de brujas mediante inteligencia interna, pretende
también vincular a los sectores antimineros con aquellos que pretenden
recuperar sus espacios geográficos, lo que nos lleva a inferir que el
próximo paso será criminalizar ambas luchas. Una vez más, el Estado en
manos de un oficialismo impotente ante la presión de las corporaciones,
apunta contra su propio pueblo.
El FRENTE VECINAL ESQUEL repudia estos hechos, denuncia ante la ciudadanía
la existencia de inteligencia interna ilegal por parte del Ministerio
Público, la violación de los derechos constitucionales de los pueblos
originarios y el intento de asociar la firme decisión del NO A LA MINA
del pueblo de Esquel con cualquier acción social que permita reflotar la
presión para direccionar la opinión pública a favor de políticas
extractivistas.
FRENTE VECINAL ESQUEL
28-8-2015
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