Recuperación de tierras

¿DE QUÉ LADO ESTÁ LA PELIGROSIDAD?

La morosidad del Poder Ejecutivo Nacional y del Provincial en el cumplimiento de lo que les ordena la Constitución Nacional desde 1994 es el principal motivo de los reclamos de los pueblos originarios.
Pasaron 21 años desde que la reforma constitucional reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de nuestro país, garantizando el respeto a su identidad y reconociendo la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan y su derecho a obtener tierras aptas y suficientes para su desarrollo. Así dice expresamente la Constitución Nacional reformada en 1994 en su art. 75, poniendo fin a casi un siglo y medio de invisibilización constitucional de los distintos pueblos y culturas indígenas.
Pero a pesar de la letra escrita, poco se ha avanzado en los hechos. Los Gobiernos Nacional y Provincial no completaron el relevamiento de tierras que obliga la ley 26160, cuyos plazos se vencieron dos veces y se postergaron otras tantas, ahora hasta el año 2017. Se ha hecho apenas una mínima fracción y a este ritmo tampoco se cumplirá el nuevo plazo.
Entretanto, gran parte de los habitantes de este país, vecinos nuestros, que pertenecen a naciones originarias, preexistentes a la formación del estado, ven postergado su derecho a la tierra que, como es sabido, forma parte esencial de su forma de vida ancestral y es consustancial a su cultura.
¿Cuánto más hay que esperar? ¿De qué manera hacerse oír?
Hoy, más de dos décadas después del reconocimiento constitucional, ante la inacción estatal se producen ocupaciones, recuperaciones de tierras, protestas y reclamos frente a lo cual el propio Estado (en este caso, el Provincial) parece no tener más respuesta que la prepotencia y la violencia.
El panorama que tenemos a la vista es escandaloso: de un lado la Fiscalía, un juez provincial, el GEOP armado hasta los dientes (que responde directamente al Jefe de la Policía de la Provincia y al Gobernador), el terrateniente Beneton y sus abogados, algunos medios de prensa claramente enrolados en el racismo, la xenofobia y el odio de clase y (debemos decirlo) algunos vecinos que de buena fe “compran” la versión interesada que se pretende imponer desde el poder. Su argumento: el art. 17 de la Constitución Nacional que establece que la propiedad es inviolable.
Del otro lado: amparados por el art. 75 de la Constitución Provincial (que es mucho más reciente que el arcaico art. 17 de la época del liberalismo más extremo), los afectados por la desidia estatal, cansados de esperar, los abogados de la Defensa Pública (que cuenta con mínimos recursos económicos, comparado con la Fiscalía) y muchos vecinos que entendemos que la lucha es desigual, muy desigual. Que comprendemos que su necesidad los lleva a cubrirse por temor a la violencia estatal, que no entendemos cómo para identificarlos la Policía y el Gobierno Provincial necesitan enviar al GEOP con armas largas y a aprovecharse del factor sorpresa.
¿Era sólo para identificarlos?
“Cuestionamos seriamente de qué lado está la peligrosidad” dijo el Defensor Oficial de Derechos Económicos, Sociales y Civiles, en referencia a tan enorme desproporción.
El Frente Vecinal Esquel denuncia la escandalosa desproporción entre el propósito declarado por la Fiscalía (solamente identificar) y el enorme despliegue de poder que se pretendía emplear en el operativo sorpresa, y llama al Gobierno Provincial (tanto el poder ejecutivo y policía como al poder judicial y fiscalía) y al Gobierno Nacional, a buscar los mecanismos de diálogo para un verdadero entendimiento pluricultural. Y, sobre todo, exige el cumplimiento del art. 75 de la Constitución Nacional y de la ley 26160 y la inmediata reanudación del relevamiento territorial.