Caso Bulacio

El Estado argentino reconoció que la sentencia en la causa Bulacio sigue sin cumplirse
Fuente: Correpi

En la audiencia convocada por la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) a fin de que el estado argentino de explicaciones sobre el incumplimiento de la sentencia dictada el 18 de setiembre de 2003 en el caso Bulacio, representantes del ministerio de justicia seguridad y derechos humanos debieron admitir que los dos puntos principales de la condena siguen incumplidos. Las abogadas de CORREPI, que representaron a la víctima, señalaron que las medidas anunciadas por el estado a cinco años de la condena, no son oportunas ni suficientes, ni modificarán las permanentes violaciones a los derechos humanos que comete el aparato represivo argentino, con un promedio de una muerte por gatillo fácil y tortura día por medio.

En la audiencia realizada esta mañana en Montevideo estuvieron presentes el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y la Directora de Asuntos Internacionales de la Secretaría, Andrea Gualde, quien admitió ante tres de los jueces de la Corte IDH -Sergio García Ramírez, Manuel Ventura Robles y Margarette May Macaulay-, que a cinco años de la condena dictada por el tribunal internacional, el estado argentino no ha cumplido. Gualde enumeró las medidas anunciadas el martes pasado por el Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, como la designación de Duhalde como querellante en la causa penal interna, y “la creación de una comisión de expertos para adecuar la legislación en materia de detención de personas a los estándares constitucionales y de derechos humanos”.

Para tratar de explicar la paralización de la causa penal interna, pese a la apariencia de trámite que le dan los permanentes recursos dilatorios de la querella, la representante del estado recurrió al remanido argumento de la división de poderes, lo que hizo que la jueza Macaulay se manifestara "pasmada" ante la inacción del gobierno para asegurarse que sus jueces cumplan con las obligatorias sentencias de la Corte IDH. “Si los jueces argentinos no saben que nuestras decisiones son obligatorias para ellos, el poder ejecutivo podría organizar seminarios para que lo aprendan”, dijo la magistrada que representa a Jamaica.

Las integrantes de CORREPI explicaron a los jueces que la política de estado que ocasionó la muerte de Walter Bulacio hace 17 años, es la misma que hoy mata a chicos que no habían nacido entonces, a un promedio de uno cada 40 horas. Señalaron que buena parte de los casos registrados en sus archivos corresponden a personas detenidas en comisarías sin haber cometido delito alguno, en virtud de las facultades policiales para “identificar” o “averiguar antecedentes” , o de los códigos de faltas o contravenciones. En un informe escrito presentado en conjunto por CORREPI, CELS Y CEJIL, se adjuntaron, entre otros anexos, los listados de unos 15 casos similares al de Bulacio, todos ocurridos en comisarías argentinas después de la sentencia de septiembre de 2003.

Sobre el anuncio de que la Secretaría de DDHH sería querellante en la causa, María del Carmen Verdú subrayó que el estado, lejos de ser la víctima en el caso Bulacio, es, como en todo caso de gatillo fácil o torturas, el victimario, que no puede pretender ser querellante. Aunque, aclaró, “eso lo deberá decidir el juez de la causa, que bien podría dar al gobierno represor el derecho a ser parte que desde 2002 se nos niega a nosotros como apoderados de la familia, pese a la orden de la Corte de reponernos como querellantes” .

Respecto de la derogación de las normas y prácticas que habilitan a las fuerzas de seguridad argentinas a detener personas fuera de los supuestos de flagrancia o de orden judicial, la representante del estado usó el carácter de país federal de Argentina para justificar el incumplimiento. CORREPI, en cambio, sostiene que ningún gobierno, ni éste ni ningún otro, mientras ejerza el poder en nombre de los que tienen todo, y quieren tener más, querrá desprenderse de esas valiosas herramientas para el control social. “No hace falta una comisión de notables para que el PEN mande al congreso el proyecto de derogación de la ley 23.950 de averiguación de antecedentes, o para que inste a los gobiernos provinciales y la ciudad de Buenos Aires a derogar los códigos contravencionales o sus normas locales sobre Doble A, - dijeron las abogadas Verdú y Góngora- La prometida 'Comisión de Notables' para estudiar el tema es una típica aplicación de la doctrina peronista histórica: cuando te quieras sacar un tema de encima, armá una comisión, decía el ex presidente Juan Perón”.

Por último, los abogados de CORREPI, CELS y CEJIL peticionaron a la Corte IDH que tome medidas más activas para asegurar el cumplimiento de su condena por parte del estado argentino, y solicitaron que se requieran en forma directa a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo Nacional, infomes sobre las causas por las cuales no se ha cumplido todavía.

Después de la audiencia, en ronda de prensa, dijeron las representantes de CORREPI: "Es un verdadero agravio a todas las víctimas de la represión policial que los representantes de un gobierno que administra el estado argentino hace cinco años vengan a llorar lágrimas de cocodrilo y a hacer promesas de un cumplimiento en el que llevan esos mismos cinco años de demora".

La Corte IDH sesionará en noviembre próximo, fecha en la que puede emitir su decisión sobre lo planteado, aunque los jueces fueron claros en manifestar su preocupación por la falta de cumplimiento y la ausencia de iinterés real en hacerlo.

CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e InstitucionalCiudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar http://correpi.lahaine.org/